La reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (también conocida como Ley de Rhodes) persigue entre otros objetivos, que los niños, niñas y adolescentes estén preservados de cualquier forma de violencia, garantizando sus derechos fundamentales, velando por el libre desarrollo de su personalidad. Se regula de forma sistemática la audiencia del menor como prueba preconstituida en fase de instrucción, para que no declare en el plenario y evitar así su victimización secundaria (arts. 433, 448, 449bis, 449 ter, LECrim).
En base a estos artículos referidos, se establece la obligatoriedad de la audiencia de la víctima menor de 14 años o de persona con discapacidad necesitada de especial protección como prueba preconstituida en procesos por delito de homicidio, lesiones, contra la libertad, contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad, contra las relaciones familiares, relativos al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, de organizaciones y grupos criminales y terroristas y de terrorismo.
Esta ley explicita que la autoridad judicial podrá acordar que la exploración se practique a través de personas expertas. En este caso, las partes trasladarán a la autoridad judicial las preguntas que estimen oportunas quien, previo control de su pertinencia y utilidad se las facilitará a las personas expertas. Una vez realizada la exploración, las partes podrán interesar, en los mismos términos, aclaraciones al testigo.
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